El derecho de daños regula la reparación de todo daño injusto sufrido en cualquiera de los intereses que hacen a la persona: cuerpo, mente, salud, estética, patrimonio, ganancias presentes y futuras, sentimientos, reputación comercial y social, etc., derivados de cualquier hecho y en el marco de cualquier relación jurídica.

Así, los daños sufridos en las relaciones laborales, contractuales, matrimoniales (o de pareja), familiares, con el Estado, los derivados de delitos y faltas, entre muchos otros, están comprendidos en ella.

El derecho civil patrimonial comprende la regulación de todas las relaciones jurídicas de contenido económico. En particular:

El derecho contractual: negociación, redacción y ejecución de contratos.

Los derechos reales: escrituración y registración de inmuebles, prescripción adquisitiva (la llamada posesión veinteañal), desalojo de inmuebles, acciones posesorias y reales, registración de automotores y otros bienes.

El derecho de los consumidores y usuarios.

El derecho laboral es una rama que brinda una protección especial al trabajador, tanto en relación de dependencia como autónomo. Este derecho puede subdividirse en dos partes:

La contractual, esto es, las acciones derivadas del contrato de trabajo, como son las de despido directo o indirecto, falta de registración o registración defectuosa (empleo "en negro"), reclamos por diferencias salariales, medidas disciplinarias ilegítimas, modificaciones ilegítimas del contrato, etc.

La derivada de daños sufridos en el trabajo, es decir, las acciones por accidentes y enfermedades laborales, pero también otros daños sufridos en ocasión del trabajo, como podría ser acoso, discriminación o mobbing, daños a las pertenencias del trabajador, etc.

El derecho administrativo regula las relaciones de los particulares con el Estado, orientándose a la limitación de los poderes de éste último en protección de los derechos de los primeros.

Cualquier acción contra el Estado Nacional, Provincial o Municipal o sus entes descentralizados o autárquicos, está comprendida.

Especialmente están comprendidos los amparos y otras acciones fundadas en la protección de derechos humanos fundamentales (habeas corpus, habeas data, discriminación, etc.)